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Repudiamos la actuación ilegal de la policía que apresó arbitrariamente a Emily Marin. En prácticas que recuerdan a la dictadura, Emily fue arrestada y agredida sin justificación. Resaltamos además nuestra condena ante las supuestas recientes declaraciones de la titular del Ministerio de la Defensa Pública quien reivindicó la nefasta Operación Cóndor para la población LGBTI. Recordamos que dicha operación consistió en la tortura, desaparición, asesinato y encarcelamiento arbitrario de cientos de miles de personas por parte de las dictaduras del Cono Sur.
Denunciamos la actuación de la Fiscalía, motivada por la transfobia al presentar cargos injustificadamente severos en contra de la vida y dignidad de Emily. Recordamos también que en un Estado de Derecho la sola sospecha de un policía no puede privar a una persona de su libertad y que la situación padecida por la mujer es un deplorable ejemplo de uso excesivo de la fuerza policial y detención ilegal que en época de democracia es inadmisible.
Estamos ante terribles hechos inconstitucionales y antidemocráticos de prepotencia y violencia arbitraria motivados por la discriminación. Estos hechos abominables, ejercidos por sectores reaccionarios, nos recuerdan a una dictadura por los graves quebrantamientos del Estado de Derecho y la negación de DD.HH.
Desde nuestra organización recordamos que Paraguay ha suscrito tratados internacionales de Derechos Humanos y pertenece a organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos que en resoluciones ha manifestado preocupación por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos relacionadas cometidos contra individuos a causa de su orientación e identidad de género. Estas situaciones de violencia y discriminación son denunciables en instancias internacionales.
Reclamamos un castigo ejemplar para los agentes del grupo Lince que torturaron y detuvieron ilegalmente a Emily Marin y así también solicitamos la renuncia de Selva Morel Acevedo en caso de que se confirmen sus funestas declaraciones reivindicando la dictadura además de torturas, asesinatos, desapariciones y encarcelamientos arbitrarios de personas LGBTI.
Condenamos la violencia y la persecución que el cuerpo policial lleva a cabo sistemáticamente contra las mujeres trans y exigimos que situaciones como la de Emily Marin no ocurran nunca más. Esto demuestra cuán urgente es que el Estado garantice a las personas trans el acceso a una identidad legal acorde a su identidad de género por constituir este un derecho humano fundamental. Instamos al Estado el cumplimiento de sus compromisos internacionales y de la propia Constitución Nacional para convivir en democracia y paz de acuerdo a las leyes sin más violencia ni discriminaciones para las personas LGBTI.