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En el 2019, en un Estado de Derecho y en una democracia ningún servidor público, que se debe a la población en su totalidad y diversidad, puede emplear recursos del Estado para amedrentar, perseguir, cercenar libertades civiles y derechos a colectivo humano alguno.

 

La dimensión de estas repudiables acciones guarda relación histórica y a nivel internacional con las políticas de segregación racial y apartheid contra afrodescendientes y personas negras así como la persecución a la comunidad judía que desencadenó un genocidio. En Paraguay el colectivo LGBT es uno de los más vulnerables, así como los pueblos indígenas, y es víctima cotidiana de persecuciones, violaciones de derechos humanos y crímenes de odio.  

 

Nuestra Carta Magna señala en su artículo 46 que no se admitirán discriminaciones. Así también el artículo 25 garantiza la libre expresión de la personalidad y el pluralismo ideológico. Nuestra Constitución Nacional es pluralista, “fundada en el reconocimiento de la dignidad humana” y no totalitaria. Además, Paraguay ha aprobado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos que condena la discriminación. Por último, la Ley N° 3966 establece principios de igualdad de oportunidades, equidad de género, no discriminación y diversidad étnica en la elaboración de planes municipales.

 

Exigimos el cese de agresiones de la intendencia a cargo de Rubén Rojas, a quien llamamos a ponerse a la altura de tan delicado cargo al servicio de la ciudadanía entera.

 

La intendencia de una ciudad debe, ante todo, asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho basado en la Carta Universal de Derechos Humanos y la Constitución Nacional  facilitando el diálogo en la resolución de conflictos; protegiendo a las minorías y asegurando el pleno disfrute de los espacios públicos para todas las personas.