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Paraguay constituye uno de los pocos países de la región sin ley contra toda forma de discriminación. En un contexto de enorme desigualdad, injusticia y pobreza, las personas y familias LGBT enfrentamos día a día diferentes hostilidades al igual que otros grupos de personas considerados de menor categoría por el gobierno paraguayo. Nos referimos a las mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, trabajadores y campesinado.

 

Las declaraciones del ministro Brunetti evidencian que no solo existe una omisión del gobierno paraguayo en sus obligaciones para con los tratados de derechos humanos suscritos, sino que el actual gobierno manifiesta abiertamente el uso del Estado para segregar personas y familias.  

 

En esta ocasión, las madres solteras fueron foco de expresiones discriminatorias. En un país en donde el 82 % de los nacimientos se dan en familias constituidas por personas solteras, con más del 35 % de mujeres jefas de hogar, esto es un despropósito. Más aún teniendo en cuenta el incremento de la violencia machista y casos de feminicidios en el país.

 

Así mismo, la negativa a una educación sexual integral es sumamente preocupante en un país que exhibe la tasa más alta de embarazo adolescente del Cono Sur, en donde más de dos niñas sobrevivientes de abuso sexual son obligadas a dar a luz por día.

 

Tras una profunda lectura de la trayectoria del actual ministro, entendemos que el mismo está alineado al proyecto de país excluyente del actual gobierno y que padecemos todos los días. Hablamos de un proyecto heredero de una larga dictadura fascista sostenida por un partido específico durante casi 7 décadas. Ese es el tiempo que el Estado paraguayo lleva secuestrado por una élite en donde solo un cierto grupo de personas y familias son beneficiadas a costa del sufrimiento de otras.

 

Repudiamos las acciones y palabras de este gobierno que atentan contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos. Los servidores públicos se deben a toda la ciudadanía sin distinción y ya no podemos admitir en pleno siglo XXI abiertas políticas discriminatorias en donde existan personas y familias de menor categoría.

 

La paz social solamente será posible en Paraguay una vez que sean garantizados todos los derechos humanos para todas las personas y todas las familias. Mientras tanto, nuestra organización se suma a la lucha para conquistar  los derechos que nos faltan y así avanzar hacia una verdadera democracia.