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La edición del año 2018, fue realizada en la Plaza de Armas, donde se encontraban asentadas personas en situación de vulnerabilidad, en ella, el artista Bruno Iván Almada Comas, presentó una performance. La mencionada propuesta escénica, titulada “Paraguay no me mates”, tuvo como principal contenido denuncias dirigidas a la sociedad paraguaya: como ser los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes, la falta de educación sexual, la hipocresía y la discriminación hacia la comunidad LGTBI+.

 

Para realizar esta muestra escénica, el artista, hizo una investigación de dos años y estuvo trabajando la puesta durante el mismo periodo.

 

El 25 de mayo fue imputado por la fiscal Carmen Bogado Ledesma, luego que el Asesor Jurídico de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia presentara una denuncia, a raíz de la viralización de un vídeo que hicieron circular activistas autodenominados PROVIDA, quienes estuvieron presentes durante el acto instigando a los niños presentes a incidentar las presentaciones. Estas personas, a través de un parlante, emitieron discursos de odio durante todo el desarrollo del evento.

 

Han pasado ya los seis meses que dura la etapa investigativa y el 25 de noviembre, es la fecha de acusación. Es en esta fecha que la Fiscal puede; realizar la acusación, buscar medidas alternativas o sobreseer al imputado.

 

Sin embargo, creemos es muy difícil que se dé esto último pues, durante la investigación, la Fiscal demostró desidia en el diligenciamiento de las pruebas, sin siquiera individualizar a ninguna supuesta víctima durante esta parte del proceso, demostrando una parcialidad manifiesta. Esto último se evidenció mediante un oficio emitido en fecha 26 de octubre, en el cual solicita al Jefe de la División de Criminalística del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional proceda a identificar a todas las personas que se besaron durante el acto principal del Besatón, debiendo constar sus nombres completos, domicilio y si cuentan con antecedentes penales.

 

Este hecho representa una forma clara de intento de amedrentamiento y persecución política hacia la comunidad LGTBI+, además de pretender la criminalización de la diversidad sexual, así como también se conforma en un atentado contra la libertad de expresión, que se encuentra garantizada en la Constitución Nacional.

 

Solicitamos que el Ministerio Público revea el actuar temerario de esta fiscal, que ha incurrido en prácticas típicas de gobiernos dictatoriales de tinte fascista, atentando contra las libertades constitucionales de las personas y sus Derechos Humanos universales, ratificados por el Estado Paraguayo a través de Tratados Internacionales que versan sobre el tema.

 

Estos actos representan un agravio enorme contra a sociedad en general que, de así mantenerse, pueden sentar un peligroso precedente para las libertades conquistadas después de 35 años de dictadura.