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“Ha habido avances notables en algunos países latinoamericanos pero no todos los países han progresado de la misma manera. Mientras que en algunos se contemplan servicios totalmente específicos para algunas poblaciones, en otros son invisibles o no se han desarrollado tanto como es necesario. Específicamente hablo de personas que no pueden tener acceso a la salud porque no hay horarios ni condiciones adecuadas para que ellos puedan acceder. Estoy pensando por ejemplo en hombres que tienen sexo con otros hombres, en trabajadores y trabajadoras sexuales, en personas transgénero que se enfrentan a servicios de salud que en muchas ocasiones tienen un rasgo de homofobia o transfobia y que no son amigables con estas poblaciones y que lejos de atraerlos, les repelen”, indica el funcionario del programa.

 

Los indicadores del informe “Situación de los derechos humanos de varones gays, bisexuales y otros HSH latinos: avances y retos” son positivos, si bien queda mucho por hacer. “El sueño es que no tuviésemos un centro de salud transgénero sino que cualquier persona trans pueda llegar a cualquier centro de salud más cercano y recibir servicios de atención a la salud amigables, asequibles y adaptado a sus necesidades. Ese sería el ideal: ampliar los servicios para cualquier persona, independientemente de su identidad, orientación o apariencia pudiera tener acceso pleno a estos servicios”.

Metas 90-90-90

En el 2014, el Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención del VIH estableció una serie de metas para el año 2020, las cuales son:

- Aumentar en un 90% las personas que conozcan su diagnóstico de VI
- Aumentar en un 90% la cantidad de personas con tratamiento antirretroviral
- Aumentar en un 90% la cantidad de personas con carga viral indetectable

 

“Nosotros desde Onusida aspiramos eliminar en el 2030 el sida como tema central o prioritario en la salud pública global”, indica Arellano. El portavoz del programa reconoce que no se erradicará completamente la presencia de VIH, pero que, con una mayor inversión en materia de salud pública es posible disminuir el impacto sobremanera y seguir el ejemplo de países como Canadá, que debido a la baja demanda, cerró sus servicios de atención en materia de sida. Este fenómeno sorprendente para el funcionario se dio por el éxito de las iniciativas públicas de tal país en la detección y el tratamiento del VIH/sida.

 

“Estas son metas aspiracionales, es decir que invitan a los países, no son vinculantes. Si los países no llegan a los mismos tampoco hay una sanción. Son simplemente un objetivo aspiracional al cual apuntamos a llegar y la intención es empujar, apuntalar el esfuerzo para poder llegar a este ideal de una generación libre de sida” Sin embargo, los avances en Latinoamérica se dieron de una manera muy desigual, con países más cerca de lograr esos objetivos en el futuro que otros.

Acceso a la salud y derechos sexuales

Según Javier Arellano, el problema no son los servicios de salud de por sí sino el acceso a los mismos y por sobre todo la voluntad política. Esto último es vital y se logra con el empuje y la insistencia de una sociedad civil organizada, apunta.

 

Al consultar sobre el fuerte influjo conservador que amenaza el cumplimiento de estas iniciativas emprendidas a nivel internacional, el portavoz señala que una manera eficaz en que la ciudadanía organizada puede contrarrestar esto es señalando y haciendo hincapié en los instrumentos ya suscritos por el país. “Un ejemplo es el Consenso de Montevideo (http://bit.ly/1z2uIqM) que muchos países ratificaron. Este consenso incluye muchos temas: interculturalidad, afrodescendencia, envejecimiento, entre otros. Insisto, es un instrumento muy amplio. Los que más me gustan son los de salud sexual y reproductiva que también incluyen a la juventud de manera central. El documento delinea muy bien cuáles son los retos y aspiraciones con respecto a la salud sexual y reproductiva. Instrumentos como el Consenso de Montevideo nos da una pauta, un horizonte, planteado muy claramente de cuáles son los pasos a seguir. Es cierto que en algunos países hay una gran resistencia a los temas de salud sexual y reproductiva, pero también es cierto que muchos de estos paises han ratificado estos instrumentos”, afirma.

 

Estos documentos permiten a los ciudadanos emprender lo que se conoce como advocacy, es decir organizarse políticamente para el logro de un objetivo social específico. La suscripción de estos consensos o instrumentos comprometen a los países y son medios desde los cuales la ciudadanía puede participar políticamente y ejercer presión para el cumplimiento de lo que fue firmado a nivel país. De acuerdo a Arellano, el avance viene a partir de tres ejes que deben trabajar en sinergia: sociedad civil, voluntad política y cooperación internacional.

 

En Paraguay, un país que apenas destina un USD 242 per capita en materia de salud pública, frente a los USD 1.442 invertidos por Uruguay o los USD 1.103 por Chile, es necesario de manera impostergable aunar esos tres factores: sociedad civil, voluntad política y cooperación internacional, comenzando por una ciudadanía que se organice por servicios de salud gratuitos e inclusivos y por el cumplimiento y garantía de los DDHH para toda la población sin discriminaciones.