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El jueves 16 de julio militares cometieron crímenes de lesa humanidad al ingresar ilegalmente a hogares, detener arbitrariamente y torturar a 35 personas, entre ellas mujeres trans, niñas, niños, adolescentes, y personas de la tercera edad, del barrio San Miguel de Ciudad del Este. Esta situación es sumamente preocupante porque es señal de retroceso brutal en nuestra frágil transición hacia la democracia.
El abuso de poder del pasado jueves recordó a las épocas más álgidas del estronismo: allanamientos y detenciones sin orden judicial y torturas. Las personas, muchas en situación vulnerable, estuvieron aisladas por varias horas sin la posibilidad de contar con abogades. Mujeres trans y travestis sufrieron de forma extrema vejaciones por parte de agentes de orden público de manera arbitraria.
Denunciamos esta situación que quebranta nada menos que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por Paraguay en materia de derechos humanos. Exigimos además la condena de los agentes públicos responsables de estos crímenes y reparación para las personas víctimas de esta nefasta situación.
La pandemia constituye una excusa para desatar el autoritarismo de nuestro Estado, secuestrado por grandes grupos económicos, figuras neoestronistas y fundamentalistas religiosos. Estamos viviendo un recrudecimiento atroz de violencia transfóbica, misógina, racista, homolesbofóbica y clasista.
Esta situación es inadmisible para un país que lleva décadas intentando transicionar a una democracia. Nuestro Estado tiene deudas históricas para con poblaciones diariamente violentadas como las personas trans, privadas de un derecho tan básico como la identidad. No podremos avanzar hacia una democracia genuina sin garantizar los derechos humanos de todas las personas.
