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Ante el deplorable hecho acontecido en Caaguazú en donde un adolescente gay de 17 años padeció violencia física, sexual y psicológica por parte de parientes nuestra organización resalta los artículos 3, 4, 5 y 175 del Código de la Niñez y la Adolescencia e insta su inmediato cumplimiento por parte del Estado.


En este sentido enfatizamos el artículo 4 que señala: “Los padres biológicos y adoptivos, o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia, y las demás personas mencionadas en el Artículo 258 del Código Civil, tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación. Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Estado está obligado a cumplirla subsidiariamente. Cualquier persona puede requerir a la autoridad competente que exija a los obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones”.

 

Cotidianamente los gays, las lesbianas, las personas bisexuales y trans sufrimos un Estado que no solo incumple sus obligaciones de garantizar los derechos de todas y todos indistintamente sino que además fomenta todo tipo de vejámenes hacia nuestro colectivo, muchas veces con consecuencias nefastas e irreversibles. Los niños, niñas y adolescentes LGBT son los que más padecen al ser los más vulnerables; el caso de Caaguazú es uno de incontables en nuestro país.  

 

En este sentido, teniendo en cuenta tanta violencia y discriminación hacia nuestro colectivo, recordamos las lamentables declaraciones del canciller Eladio Loizaga respecto a que “en Paraguay no hay homofobia”. Nuestra organización repudia tal afirmación y ante esto evidenciamos que el Estado sigue sosteniendo diferentes políticas discriminatorias hacia las personas LGBT en claro incumplimiento con la Constitución Nacional cuyo artículo 46 establece: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

 

Señalamos igualmente que diferentes servidores públicos han promovido por medio de declaraciones diversas formas de violencia y discriminación a personas LGBT. Estos discursos de odio no son inocuos ya que proceden de personas que ejercen cargos públicos y que deben responden a la sociedad entera;  precisamente este tipo de discursos emitidos por personas revestidas de autoridad legitima e incita delitos y crímenes y nos aleja del Estado de Derecho para acercarnos más a la barbarie.

 

Por último, reiteramos que la Organización Mundial de la Salud (OMS),  autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, eliminó en 1990 la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). De esta manera, todas las supuestas "terapias" de cambio de orientación sexual, carecen de fundamentos tanto médicos como científicos y constituyen una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas tal como lo señala  un documento técnico publicado por la OPS/OMS en 2012.

 

Urgimos al Estado garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes LGBT. Urgimos al Estado tomar acción inmediata en contra de toda forma de violencia y discriminación hacia las personas LGBT.

 

Urgimos al Estado que cumpla con su labor de garante de derechos de todas las personas que habitamos en la República del Paraguay.   

 

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