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Esta grave situación pone en peligro los derechos humanos y nuestro frágil Estado laico ya que estos sectores buscan instalar discursos autoritarios basados en preceptos religiosos contrarios a los principios democráticos y a los avances de las ciencias comenzando especialmente en la educación pública.

 

Repudiamos profundamente el empleo del término “ideología de género” por parte del mismo ente regulador de la educación y las ciencias en el país, el Ministerio de Educación y Ciencias. Este término, carente de rigor científico, desconoce décadas de avance en las ciencias sociales, ciencias médicas y humanidades bajo un discurso de fundamentalismo religioso apoyado en falacias lógicas y argumentos que rayan la fantasía.

 

Los argumentos fundamentalistas constituyen vehículos peligrosos de odio en un país como el nuestro que tristemente se destaca por sus feminicidios, violencia de género, discriminación estructural y violencia hacia las personas LGBTI, violencia intrafamiliar, embarazos de niñas y adolescentes, una niñez y adolescencia extremadamente vulnerables además de una de las desigualdades más escandalosas en la región.

 

Instamos al Ministerio de Educación y Ciencias al cumplimiento de su carta orgánica como autoridad en políticas educativas y científicas según consta en la Ley n.º 5749/17; como organismo rector de las ciencias en el Paraguay, urgimos la institución de una educación de calidad y científica, sin la presencia de pseudociencias que constituyen un grave peligro para la salud pública, para los derechos de la niñez y adolescencia y un grave retroceso en materia de democracia y derechos humanos.

 

Instamos a la persona del señor ministro a ceñirse a las leyes y a la ética. De igual manera como servidor público le exigimos responsabilidad en el ejercicio de su cargo al mando de la institución rectora de las ciencias y la educación en el país.

 

Apelamos a la ciudadanía, a instituciones estatales, organismos internacionales y la comunidad internacional su accionar urgente para contribuir a resguardar la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país comenzando por el derecho a una educación pública de calidad, científica y laica en resguardo de los derechos de la niñez y la adolescencia.